Seguridad Integral

  • Es conveniente invertir en la atención de emergencias y de desastres, pero sobre todo en su prevención.
  • Sin dejar de apoyar a instituciones como la Cruz Roja, el Estado debe tener a su disposición sus propios cuerpos de atención y mitigación de emergencias.
  • El Estado debe tener el monopolio sobre la seguridad ciudadana, sobre la defensa de la soberanía nacional y de sus riquezas naturales y sobre la lucha contra patologías sociales como la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, las nuevas formas de esclavitud humana y la violencia. El Estado central puede coadyuvarse con cuerpos de policía, regionales y locales e, incluso, puede permitir la existencia de empresas de seguridad privadas, siempre y cuando éstas sean reguladas por las instituciones públicas competentes y contribuyan con los sistemas policiales regulares.
  • El Estado y la ciudadanía debemos tener conciencia de que la delincuencia, así como la mayoría de estos fenómenos, son de origen complejo ya que obedecen al narcotráfico, la cultura de impunidad, las brechas sociales y la desigualdad. Por ende, la solución a estos problemas, en el largo plazo, es la inversión en la democracia participativa, la cultura de paz, la educación integral de excelencia (humanística, ética, científica y tecnológica) y el compromiso de combatir la desigualdad de oportunidades, la discriminación en todas sus manifestaciones y la inequidad en el acceso a la educación, la cultura y la riqueza.
  • Aunque el Estado debe ser garantista, no puede proteger sólo los derechos humanos de los delincuentes y olvidar los de sus víctimas. De hecho, sin caer en la adopción de soluciones contrarias a la ética y a la razón, como la pena de muerte, el Estado debe demostrar que tiene autoridad y tiene la obligación de evitar fenómenos como la impunidad, la excesiva tolerancia y la reincidencia criminal. Las penas deben ser fuertes y aplicarse en igualdad de condiciones para todas y todos los ciudadanos y, además, es preciso establecer programas efectivos de reinserción social, mediante la formación y la capacitación de los privados de libertad, no sólo en lo que se refiere a oficios que les permitan ganarse la vida dignamente cuando cumplan sus condenas, sino también en lo concerniente a trabajos sociales y cívicos que les den la posibilidad de contribuir con la sociedad, mientras reconstruyen sus vidas y conviven en paz dentro de sus comunidades.

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