Propuestas

Propuestas para el siglo XXI

Descargar estas propuestas en formato PDF: PROPUESTAS PARA EL SIGLO XXI

Acción Cultural defiende la tesis de que el país requiere del rescate y fortalecimiento de su identidad nacional, como primera estrategia para el Desarrollo Humano de Panamá y para superar la crisis política y moral en que se encuentra atorado. Se requiere de voluntad política y de un proyecto profundo e innovador de políticas públicas culturales y educativas que permitan repensar nuestro pacto social, con espíritu de cuerpo nacional, auto imagen colectiva positiva, sentido de pertenencia, identidad nacional desde la diversidad y la multiculturalidad, para poder cristalizar un proyecto nacional sustentado en un plan de desarrollo integral de Panamá a largo plazo.
En consecuencia, debemos reinventar nuestro modelo de desarrollo en las últimas décadas para transformarlo en un proyecto económico viable y sostenible con el ambiente, con las comunidades y la cultura. Impulsar este plan de desarrollo humano requiere también de una educación integral de excelencia (humanística, científica, tecnológica y ética); de políticas públicas de salud de calidad, solidaria y democrática; de una reingeniería política e institucional. La necesidad de eliminar el presidencialismo, la manera de escoger magistrados de la Corte Suprema de Justicia, garantizar la carrera administrativa y judicial, entre otros cambios necesarios, conduce, necesariamente, a una reforma profunda a nuestra Constitución.
Seguidamente, se presentan algunos lineamientos generales de la propuesta programática de Acción Cultural:

CULTURA

  • La cultura como fuente de identidad y sentido de pertenencia de una sociedad debe ser garantizada, protegida, promovida y democratizada por todas las escalas de la administración pública. Deben impulsarse aquellas iniciativas que motiven a la ciudadanía a expresarse en algún ámbito de ésta. Al referirse a la cultura, no sólo implica aquella que es, debido a las brechas sociales, elitista, — la cual debe democratizarse –, sino a todas las manifestaciones, especialmente las más populares, tradicionales o vanguardistas, que sean parte del inconsciente colectivo de una sociedad.
  • La inversión en cultura asegura calidad de vida y oportunidades, así como desarrollo humano integral porque potencia las múltiples capacidades de creatividad e innovación intelectuales, sus conductas ciudadanas y de convivencia del ser humano, además de ser una estrategia probada contra la criminalidad juvenil (junto al deporte) porque inspira a la reflexión, a trazarse metas y a cultivar ideales y también porque divierte, entretiene y orienta para la vida, por lo que es necesario incrementarla desde el Estado, la empresa privada y las comunidades.
  • En los próximos 20 años, un mundo cada vez más automatizado por tecnologías robóticas reemplazarán al trabajador tradicional. Solo los empleos y empresas que sean creativas van a prosperar. En este escenario proponemos adoptar con mayor compromiso en nuestro país la industria cultural o economía naranja tan exitosa en países vecinos como Colombia, como un camino prometedor del sector más creativo de la producción nacional que permitirá potenciar y abrir nuevas oportunidades de trabajo y espacios de negocio, especialmente entre la juventud, enfocados en la creatividad, la innovación, la imaginación. Esta industria se enfoca principalmente en el sector del entretenimiento en todas sus dimensiones (espectáculos en vivo, televisión, cine, artes gráficas, gastronomía, festivales artísticos, ferias de folclor, compañías y agrupaciones artísticas, etc.) y en la educación, especialmente en las tecnologías educativas que se convertirán en la herramienta principal de docentes y estudiantes en el aula de clases. En Panamá, a pesar de no contarse con un plan de Estado para el sector cultural, la economía naranja representa ya un 6.4% del PIB y el 3.2% del empleo del país entre 2015 y 2017.
  • Asimismo, hay que multiplicar la inversión estatal y privada en lo que se ha dado en llamar Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), que no es otra cosa que la puesta en marcha de iniciativas de gran calado en la esfera de la ciencia y la tecnología, con el apoyo del sector privado y de la academia. Esto permitiría generar conocimiento, cuyo valor agregado es el más alto en la actual sociedad de la información, que vive una verdadera revolución digital, similar a la que causó la invención de la imprenta en el siglo XV y que cambió al mundo y puso fin al oscurantismo.
  • El conocimiento es el insumo de mayor valor agregado en la sociedad de la información. Por lo tanto, los entes estatales, privados y no gubernamentales deben garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como Internet, la telefonía móvil, o la televisión digital terrestre. Esto es posible mediante un sistema mixto, público-privado, que promueva la desaparición de la brecha digital.
    El Estado, para garantizar la libertad de expresión, deberá promover la diversidad y mayor cantidad posible de medios de comunicación. En este contexto de la diversidad, debemos contar con sistemas nacionales de radio y televisión de mayor calidad que las actuales, que promuevan la cultura, la educación, el acceso a la información y la pluralidad democrática. Como modelo, se puede adoptar el de corporaciones como la British Broadcasting Corporation (BBC) o la Radio Televisión Española (RTVE).

EDUCACIÓN

  • Una reciente revisión de los principales indicadores del sistema educativo concluye que el sector es poco eficiente y que el incremento del gasto público en los últimos años no conlleva necesariamente una mejoría en la calidad de la educación. El gasto por alumno registró un aumento del 80.6%. entre 2010 y 2016. Una parte importante del incremento del gasto es producto de los aumentos salariales a los docentes, establecidos por ley, sin que ello se acompañe a la exigencia de mejora en la calidad de la educación.
  • En cobertura, Panamá se encuentra en el grupo intermedio entre los países de América Latina en el nivel preescolar y entre los más altos en cuanto a matrícula en edad escolar. Sin embargo, persisten grandes desigualdades regionales en la escolaridad y el nivel promedio nacional se ha mantenido estancado durante el último quinquenio entorno a once años de escolaridad. Destacan las provincias de Darién, y las Comarcas Guna Yala, Emberá y Ngäbe Buglé con niveles de escolaridad muy por debajo al promedio nacional.
  • En términos de comparaciones internacionales la inversión en educación pública medida como proporción del PIB no es alta. Proponemos una evaluación presupuestaria que permita una inversión cónsona con el nivel de excelencia y cobertura que necesita el país frente a sus retos de desarrollo económico, social e institucional.
  • La mayor riqueza de la nación y su mayor ventaja competitiva en el marco de un mundo de mercados abiertos, es nuestro recurso humano y el principal motor de movilidad social es la educación. Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar una enseñanza preescolar, primaria, secundaria, universitaria y para universitaria que se caracterice por ser gratuita, integral, inclusiva y de gran calidad, para que ofrezca oportunidades de superación para todas y todos los ciudadanos por igual.
  • Al mismo tiempo, la educación debe ser humanista debe servir para formar a seres humanos integrales, con valores cívicos y éticos, así como con nociones claras y críticas sobre la historia y la cultura que dan forma a la identidad y a la idiosincrasia de cada sociedad.
  • Debe garantizarse la educación bilingüe a las poblaciones indígenas, según los parámetros acordados por la UNESCO en acuerdos internacionales firmados por Panamá.
  • Debe superarse el paradigma educativo vigente, de modo que las y los estudiantes aprendan a aprender, en condiciones dignas y con los recursos materiales, económicos y humanos necesarios.
  • Tanto en la formación académica como en la técnica, se debe enseñar como segundo idioma el inglés, para potenciar el acceso a la información global, así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el fin de impulsar la creación de conocimiento, el cual se traduce en desarrollo humano, la mayor riqueza.

AMBIENTE

  • Panamá ha registrado una mejoría de la posición del país en el índice EPI (Yale), pasando de la posición 58 a la 51 en el año 2015. En Latinoamérica, Panamá aparece en la posición 5, después de Costa Rica, Argentina, Cuba y Brasil.
  • El Índice EPI de 2016 registra mejor evaluación en calidad del aire, biodiversidad y hábitat y salud. Con una evaluación media están agua y sanidad, los recursos acuáticos, así como clima y energía. Con una baja calificación están agricultura la y la pesca. Si bien sigue habiendo deforestación, ha bajado el ritmo a niveles cercanos a 11 mil hectáreas anuales (antes era 13 mil hectáreas por año). Se registra un aumento significativo en energía renovable dentro de la matriz energética. En septiembre de 2016 Panamá se convirtió en el país 28 en ratificar el Acuerdo de París y estableció el instrumento para la adopción de planes nacionales.
  • El desarrollo sostenible, con calidad de vida, oportunidades y bienestar humano, debe dejar de ser una consigna, para volverse una realidad. La riqueza paisajística y de biodiversidad, deben ser protegidas por el Estado y sus instituciones y por la sociedad como un todo. La lucha contra fenómenos como el cambio climático, inicia con políticas claras a favor del medio ambiente y con proyectos como la recuperación de los humedales y de la cubierta boscosa y selvática.
  • En una época cuando la población se concentra mayoritariamente en las ciudades, el Estado debe monitorear la contaminación y prevenir el deterioro ambiental, mediante obras que aseguren el papel de la ciudad como un ecosistema, estrechamente vinculado con su entorno. Tratar las aguas servidas, prevenir la emisión de gases nocivos y de efecto invernadero, favorecer los productos biodegradables y fomentar un cambio en la cultura del consumo, que es insostenible, son algunos de los objetivos urgentes en este campo.
  • Se debe garantizar el carácter estatal el patrimonio acuífero y todas aquellas riquezas que se encuentren en el subsuelo y en las aguas territoriales y patrimoniales.
  • El país debe acercarse a la meta de ser neutral en la emisión de CO2. Se debe incentivar la importación de automóviles eléctricos, híbridos o que utilicen biocombustibles de segunda generación.
  • Para garantizar la competitividad económica sostenible, es decir, con protección del medio ambiente y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles que causan contaminación, es necesario invertir en la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica y otras.
  • Con los gobiernos regionales y locales, el Estado debe buscar la implantación de medios de transporte público masivo que utilicen energías limpias, jerarquizados y organizados en razón a la demanda de desplazamientos. Lo mismo debe suceder en el caso del transporte de mercancías, mediante el desarrollo de nuevas rutas (incluyendo, de ser viable financieramente, la construcción de un ferrocarril de carga y pasajeros que atraviese todo el territorio nacional de este a oeste), las cuales eviten que gran cantidad de furgones deterioren el ambiente y la red vial.
  • También, junto a los municipios de los centros urbanos, el Estado debe promover un nuevo paradigma de ciudad, más compacta y con usos mixtos, que cuente con espacios públicos adecuados para la interacción humana, de modo que se cierren las brechas que dividen socioeconómicamente y espacialmente a quienes más tienen de quienes menos tienen, con el fin de que la metrópoli promueva la integración de la diversidad, la cohesión democrática y la inclusión social, en un estrecho balance con la naturaleza y con los recursos disponibles, como el suelo edificable. Bulevares peatonales, ciclo vías, parques, áreas verdes y protección del patrimonio cultural, arquitectónico y ecológico, deben complementarse con productividad, funcionalidad y habitabilidad solidaria, de modo que toda la población pueda tener una calidad de vida digna y un acceso universal a los servicios públicos básicos.

POLÍTICAS SOCIALES

  • La evolución de los indicadores muestra una perspectiva mixta sobre la situación de los grupos vulnerables, es decir la población que no cuenta con recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Las cifras oficiales de pobreza muestran una reducción importante en los últimos años. El 23% de la población se encontraba en condiciones de pobreza general en marzo de 2015 de acuerdo con la Encuesta de Propósitos Múltiples. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide las dimensiones de acceso a una vida saludable, al conocimiento y a una buena calidad de vida. En el caso de Panamá el índice ha mostrado una tasa anual de mejoría de 0.76% entre 2010 y 2015. Los niveles de acceso a los servicios básicos han mejorado en forma significativa en los últimos años, pero todavía subsisten brechas significativas. El acceso a los servicios básicos en el país no es universal, debido principalmente a las diferentes características geográficas en el país.
  • Panamá está en el lugar número catorce de todos los países del mundo con peor distribución de la riqueza. El Coeficiente Gini que se usa para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso es, en el caso de Panamá, uno de los más altos de la región.
  • En el período 2011 a 2016, el crecimiento económico con creación de empleo y las políticas sociales del Gobierno (transferencias a hogares y personas), destinadas principalmente a los más vulnerables, continuaron reduciendo los índices de pobreza en el país. Sin embargo, los retos resultantes de alto grado de postergación económica y social de la población rural dispersa, sobre todo de la población indígena residente en las comarcas, constituyen el mayor obstáculo para que Panamá pueda alcanzar los indicadores de desarrollo humano a los que se ha comprometido en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

El Ministerio de Desarrollo Social gestiona tres programas para atender distintos grupos vulnerables:

  • Programa 120 a los 65, el cual asiste económicamente a los mayores de 65 años sin jubilación o pensión en condiciones de riesgo social.
  • Red de Oportunidades, programa de transferencias monetarias condicionadas que tiene como objetivo insertar a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, en la dinámica del desarrollo nacional, garantizando los servicios de salud y educación,
  • Programa Ángel Guardián. Tiene el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad severa en condición de dependencia y pobreza extrema.

Estos tres programas han otorgado subsidios por casi 43 millones de Balboas en 2016, siendo el más costoso el Programa 120 a los 65 que llegó a pagar unos 180 millones. Otras Instituciones como el Ministerios de Educación y el IFARHU gestionan otros programas dirigidos a cubrir población vulnerable en edad estudiantil.

  • El énfasis en los programas de ayuda social y redistribución de riqueza mediante la entrega de subsidios familiares focalizados y controlados debe continuar en el mediano plazo, pero no pueden ser sustitutos del crecimiento económico, la generación de empleos y el fortalecimiento de la autosuficiencia y autonomía de toda la ciudadanía. Se espera que la nueva herramienta presentada este año por el gobierno, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que mide distintas dimensiones de la pobreza, permitirá una mejor focalización y reorientación de la política social del estado.
  • Los esfuerzos en el ámbito social, deben alejarse de una visión asistencialista, y deben estar bajo la rectoría del Ministerio correspondiente especializado, que pueda coordinar con los gobiernos regionales y locales, y con la colaboración con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
  • Hay que fortalecer a la clase media, como garantía de estabilidad social y política y combatir la desigualdad y la pobreza como camino para la paz y la seguridad social con políticas fiscales que lo permitan.
  • La vivienda digna debe ser un derecho inalienable para cada ciudadana y ciudadano. Por ende, el Estado no sólo impulsará los proyectos residenciales de interés social, sino que, junto a los bancos, creará sistemas que sean asequibles para la clase media y trabajadora, de modo que la posesión de un inmueble pueda ser una parte importante del proyecto de vida de cada persona. Deben revisarse las políticas públicas del impuesto sobre el inmueble, cuyos impuestos en el país son excesivamente altos comparativamente con la región.
  • Con base en la reivindicación de la equidad y la igualdad de género, debe promoverse la emancipación económica, social, familiar y cultural de las mujeres, porque éstas son las principales afectadas por la pobreza, especialmente cuando son jefas de hogar.
  • Salarios iguales, participación política paritaria, lucha contra la violencia doméstica, oportunidades educativas académicas y técnicas, acceso en igualdad de condiciones al trabajo y a los puestos más altos, protección de la niñez y orientación psicológica y social, son medidas urgentes para superar el rezago histórico de una sociedad todavía patriarcal, que debe evolucionar a la equidad total.
  • Hay que avanzar en la legislación laboral, para prevenir cualquier forma de explotación, exclusión y discriminación.
  • Es necesario avanzar en el reconocimiento de derechos y libertades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
  • Hay que fortalecer a las familias, en todas sus formas y manifestaciones, como núcleo fundamental y célula constitutiva del más básico tejido social y humano.
  • El Estado debe promover políticas de acción afirmativa, que favorezcan a aquellos grupos que, tradicionalmente, han sufrido de exclusión y discriminación social, como por ejemplo: las personas con discapacidad, los adultos mayores, los jóvenes, las personas con orientaciones sexuales diferentes, los grupos étnicos distintos, la población indígena, los inmigrantes, etcétera. El sector público debe garantizar el acceso de estas personas a la educación, la salud, el trabajo y a los servicios públicos.
  • Mediante leyes más rígidas, se debe castigar a quienes discriminen o excluyan a otras personas y se debe exaltar el valor intrínseco que posee la diversidad y la diferencia en las sociedades humanas.
  • El Estado debe subvencionar el cuidado de personas que, debido a una discapacidad temporal o permanente, no puedan hacerse cargo de sí mismas.

SALUD

  • Panamá ha logrado grandes avances en salud en las últimas décadas y se encuentra entre los países con mejores indicadores de salud en América Latina. El estado de salud de la población refleja en gran parte los estilos de vida, las condiciones ambientales y otras condiciones biológicas. Sin embargo, persisten grandes desigualdades en las condiciones de salud, por ejemplo, de madres y niños, particularmente afectando en forma negativa las comarcas. En éstas los niveles de mortalidad materna e infantil se asemejan a las de los países más pobres de África, mientras que, en otras áreas del país, los indicadores son similares a los de los países europeos más desarrollados.
  • El sistema de salud pública bicéfalo, dividido entre la Caja del Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) requiere de una reestructuración. El 74.2% de la población es afiliada a la CSS, aunque el 37% de las consultas en las instalaciones del MINSA es por pacientes asegurados. En los hospitales nacionales como el Instituto Oncológico, hasta dos tercios de los pacientes atendidos son asegurados. Fuera de la provincia de Panamá y las cabeceras de provincia, la mayor parte de las áreas rurales cuenta con una menor cobertura por parte de la CSS y el MINSA es la Institución que debe brindar cobertura y acceso en las zonas menos servidas. Estos servicios del MINSA no han registrado un aumento significativo de la cobertura sobre todo en las áreas de mayor postergación como las comarcas indígenas.
  • Una alta proporción del gasto en salud se orienta a los servicios de atención de enfermedad y relativamente pocos recursos se invierten en la salud preventiva y la promoción de la salud, las cuales podrían conducir a resultados mejores. El gasto total en salud, en relación con el PIB, es comparable al de países similares en la región, como Chile y Costa Rica, pero éstos consiguen mejores resultados porque usan estos recursos con más eficiencia que Panamá. El desafío consiste en reestructurar el sector público de salud para que sus servicios generen mayor impacto, mayor cobertura y mejor calidad a un costo sostenible. Lo más importante sería orientar el gasto público en salud con preferencia hacia las acciones de prevención y promoción de la salud y hacia la atención de los grupos de mayor postergación a fin de reducir las enormes desigualdades en el acceso a estos servicios. El establecimiento de alianzas entre sector público y privado debería ser también un elemento facilitador para enfrentar el desafío.
  • El acceso a la salud, a la seguridad social y a un régimen de pensiones justo y sostenible es un derecho humano, por lo que debe ser una prioridad para el Estado.
  • La salud pública requiere de una evaluación de la calidad de sus servicios, así como de incrementar sus recursos materiales, económicos y humanos, y de construir nuevas estructuras o adecuar las actuales, como hospitales y clínicas.
  • La salud pública y los sistemas de pensiones deben ser universales y sostenibles, asimismo, se debe procurar que los profesionales en medicina no lucren a expensas de los servicios públicos.
  • El régimen de seguridad social debe continuar siendo solidario, humanista y de excelencia.
  • En el ámbito de la demografía, el Estado debe promover la salud reproductiva, la educación sexual y los métodos anticonceptivos, especialmente aquellos que también se utilizan para prevenir el VIH-Sida y otras enfermedades venéreas.
  • Junto a Organizaciones No Gubernamentales, iglesias, el sector privado y la sociedad civil, el Estado debe construir un sistema de prevención y atención de adicción a las drogas.
  • De igual manera, se deben crear centros de rehabilitación para los adictos, en los cuales reciban formación técnica y humana, así como atención psicosocial y sanitaria.
  • Algo similar debe hacerse con la población indigente, que debe abandonar las calles, para encontrar nuevas oportunidades y nuevos horizontes.

INSTITUCIONALIDAD Y GOBIERNO

  • Los problemas de gobernabilidad se han empeorado a lo largo de la década. Según Latinobarómetro, la confianza de la población en las Instituciones Democráticas –partidos políticos, asamblea legislativa, órgano judicial y órgano ejecutivo- ha sufrido marcados descensos desde el año 2010, con una notoria aceleración negativa en el año 2016. El año 2016 fue especialmente crítico en lo que se refiere a la percepción interna y externa sobre la calidad de las instituciones en el país. Tres escándalos de índole internacional sacudieron la imagen del país: caso Mossack y Fonseca, inclusión de personas y empresas panameñas en la lista Clinton y evidencias de coimas pagadas por la Constructora Odebrecht a funcionarios panameños. Se observa una disminución importante del grado de confianza ciudadana en sus instituciones y en los partidos políticos.
  • La debilidad institucional frente al control de la corrupción representa el principal problema de gobernabilidad que afecta el país, impactando en el grado de confianza de los ciudadanos y en la reputación de Panamá en el exterior.
  • Panamá se considera como país con estabilidad política, pero con bastante espacio para mejorar el Estado de Derecho. El país tiene una tarea pendiente en lo que se refiere a la introducción de reformas constitucionales.
  • Dentro de las reformas constitucionales, nuestra propuesta es la de un Estado estructuralmente social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, paritario e inclusivo. Elevar esta definición del Estado a rango constitucional hace quede comprometido con una serie de principios y valores que son consustanciales a una sociedad progresista y humanista, de manera que, al margen del grupo político en el poder, se respeten unos lineamientos básicos que aseguran los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la convivencia pacífica y el civismo.
  • De igual manera, en las reformas constitucionales que proponemos, el carácter laico y no confesional del Estado es fundamental para el Estado de derecho, de modo que se asegure la separación entre religión y política. Las instituciones públicas deberán de velar porque todas las confesiones religiosas estén en igualdad de derechos ante la Ley y evitarán la intromisión de las iglesias en los asuntos que conciernen a la soberanía del pueblo. El Estado podrá colaborar con las acciones que, en el ámbito social, desarrollen las iglesias, pero sin prebendas ni preferencias. La libertad de culto deberá estar asegurada en todos los casos.
  • La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como todas las herramientas internacionales ratificadas sobre este tema, — en cuenta aquellas que protegen a poblaciones específicas como las mujeres, las y los niños, las y los jóvenes, las y los adultos mayores, las personas con discapacidad, las y los inmigrantes, los individuos con orientaciones sexuales diferentes, las minorías étnicas, etcétera –, constituyen el piso, y no el techo, de los derechos que el Estado debe garantizar a su ciudadanía, anteponiendo eso sí, el interés colectivo a los intereses de grupos específicos o individuales.
  • La democracia debe ser representativa, en la cual el pueblo soberano no se limita a ejercer el sufragio cada cinco años, sino que asume un modelo más deliberativo, transparente, abierto y directo, en el cual las personas puedan influir en los procesos de toma de decisiones que afectan su calidad de vida, su acceso a las oportunidades de superación y su desarrollo humano.
  • Este cambio de paradigma democrático, requiere de un proceso, gradual y continuado, de transferencia de recursos y de competencias desde el gobierno central y sus entidades sectoriales, hacia las instancias regionales y locales de la administración pública, hasta llegar al ámbito comunal, en el cual la ciudadanía puede expresar de forma directa cuáles son sus inquietudes, problemas, expectativas y esperanzas, así como tomar decisiones que tienen un efecto inmediato en su bienestar y en sus perspectivas de movilidad social. No se trata de desmantelar al Estado, que deberá tener la rectoría en áreas claves del desarrollo, ni de debilitar su autoridad, sino de acercar la democracia a las personas.
  • El Estado debe reestructurarse, de manera que sea más eficaz y eficiente, con controles que impidan la corrupción, mediante una reformulación del trabajo de entes como aquellos que realizan labores de contraloría, fiscalización y justicia, que deben ser reforzados institucionalmente y adaptados a las nuevas tecnologías. La carrera judicial y de la administración pública deben ser implantados de manera definitiva, con una escala salarial que impida los excesos que se observan entre algunas categorías laborales como entre los prácticos del Canal y gerentes del Metro que llegan incluso a superar el salario del presidente de la República.
  • La relación de los Poderes del Estado, entre sí y con la ciudadanía, debe ser más directa y expedita, abriéndole espacios, estimulando y facilitando la iniciativa de las personas.
  • Los regímenes presidencialistas, que concentran demasiado poder en el mandatario, deben modificarse para ser semi presidencialistas o, de ser posible, parlamentarios (también se requiere transformar la estructura de nuestra Asamblea de Diputados circuitales con la figura del Diputado nacional), ya que es en la Asamblea donde hay una mayor representatividad de la voluntad del pueblo soberano. La necesidad de conformar mayorías capaces de gobernar, es una garantía para el diálogo político y para la pluralidad democrática.
  • El ejercicio de gobernar, debe concentrarse en un diálogo social amplio e inclusivo, del cual participen las fuerzas políticas de gobierno y oposición, así como los principales actores de la sociedad civil, con especial énfasis en los sindicatos, las asociaciones solidarias, las cooperativas, los trabajadores autónomos, las confederaciones de pequeños y medianos emprendedores, y las grandes patronales. Este diálogo social debe ser permanente y debe alcanzar al parlamento, cuando el tema lo amerite. Incluso, la herramienta del referéndum debe utilizarse cuando el Estado deba adoptar decisiones fundamentales para el futuro de su ciudadanía.
  • La dialéctica de la lucha de clases debe dar paso a la alianza de todos los sectores sociales en procura del mayor beneficio para la mayoría. La existencia de una gran clase media, con acceso a calidad de vida, oportunidades de movilidad social y desarrollo humano, es una garantía de que no habrá polarización social y de que será posible alcanzar acuerdos básicos. Sin embargo, el Estado no puede supeditar su accionar al consenso, ya que éste es casi imposible, por lo que, siempre procurando un apoyo mayoritario, deberá adoptar aquellas decisiones que antepongan el interés colectivo a los intereses particulares, de modo que exista gobernabilidad democrática.
  • La voluntad de las mayorías es el sustento de la democracia social, siempre y cuando se respeten los derechos humanos de las minorías y sus libertades fundamentales.
  • Las instituciones estatales deben trabajar en el desarrollo de un gobierno electrónico efectivo y eficiente, que promueva la transparencia, la simplificación de trámites y la accesibilidad a los procesos democráticos de toma de decisiones.
  • Las entidades estatales deben mantener un diálogo constante con el sector privado, para apoyar su productividad e inducir acciones coherentes con la responsabilidad social empresarial. Esto sobre la base de que una sociedad más equitativa genera bienestar, mayor producción y consumo y, por ende, también más riqueza.

RELACIONES EXTERIORES

  • En las relaciones exteriores, el Estado debe respetar en todo momento al derecho internacional, sin renunciar a promover un cambio hacia un mundo más multipolar y diverso, en el que haya un verdadero respeto por la soberanía de cada país.
  • El Estado, por medios diplomáticos y políticos, debe propiciar el diálogo de civilizaciones, culturas y religiones.
  • Cuando sea posible, el Estado debe promover el desarrollo de los países con menores índices de desarrollo humano, por medio de la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento en materia cultural, económica, técnica y científica.
  • Se debe abogar por la desnuclearización militar y por la erradicación de todos los tipos de armas de destrucción masiva en el mundo.
  • Es preciso apoyar las iniciativas contra el genocidio y los delitos de lesa humanidad, mediante el Tribunal Penal Internacional y otras instancias multilaterales.
  • Cuando sea viable, el Estado debe abogar por la desmilitarización, los derechos humanos, la democracia y la paz, en todos los rincones de la Tierra.

ECONOMÍA Y FINANZAS

  • Durante el último quinquenio el Producto Interno Bruto (PIB), mantuvo un robusto crecimiento promedio anual de 5.1% a valores constantes. Por su parte el PIB per cápita tuvo un crecimiento promedio anual de 3.5% en dicho período. La tasa de crecimiento del PIB ha mantenido una tendencia decreciente durante todo el quinquenio, revirtiendo la tendencia creciente de los años 2010 y 2011. El crecimiento del período se vincula fuertemente al sector construcción, seguido por las actividades inmobiliarias, la intermediación financiera y los servicios logísticos.
  • Aunque en términos generales se observa un nivel de inflación mediano bajo de 3.7% en promedio durante el quinquenio, el aumento en rubros de mayor efecto directo sobre el presupuesto familiar como comidas y bebidas, salud y educación, crean la percepción de un mayor aumento de precios.
  • El desempleo registró una tendencia creciente por la desaceleración del crecimiento llegando a registrar una tasa de 5.6% en el 2016, y se evidencia una tendencia al aumento del empleo informal que subió de 39.1% en 2014 a 40.2% en 2016. Las políticas demasiado flexibles de inmigración también han tenido un impacto todavía no calculado en el aumento reciente del desempleo nacional.
  • El combate contra la pobreza (entendida redistribución desigual e ineficiente de la riqueza nacional), debe ser la meta más importante para el sector público. La calidad de vida, las oportunidades de movilidad social y el desarrollo humano integral, son el centro de nuestra propuesta económica, democrática y social incluyente.
  • El Estado social y democrático de derecho debe proveer herramientas financieras, formativas y legales, para que quienes sobreviven en la economía informal salgan del círculo vicioso de la pobreza y puedan acceder a trabajos dignos y bien remunerados, con todas las garantías laborales y sociales.
  • Se deberá realizar una revisión de exoneraciones y subsidios innecesarios, que tenga como objetivo el bienestar del ser humano, sin descuidar las variables macroeconómicas.
  • En momentos de crisis, como el actual, las medidas anti cíclicas generan déficit y endeudamiento. Nos oponemos a los recortes sociales como estrategia económica para que el Estado financie su estabilidad macroeconómica y enfrente los problemas del mercado. Por ende, en las épocas de crecimiento, debe haber ahorro (del fondo de ahorro nacional) e inversión en cancelar la deuda adquirida en los periodos de recesión.
  • Al margen del momento cíclico de la economía, el Estado debe procurar siempre acordar con el sector privado y con los sindicatos una política de salarios crecientes, estableciendo incrementos que resulten de la productividad y la inflación en la economía nacional, especialmente para el 20 por ciento más pobre de la ciudadanía. Esto no sólo sirve para combatir la pobreza, sino también, para estimular el consumo y dinamizar las sinergias económicas.
  • En los momentos en los que hay que adoptar medidas anti cíclicas, en caso de crisis económica, el Estado debe generar puestos de trabajo, que hagan posibles grandes proyectos de infraestructura y de vivienda de impacto social.
  • La banca de desarrollo, capitalizada por el Estado, debe ofrecer créditos a los micro, pequeños y medianos emprendedores, a partir de una evaluación seria de las potencialidades de cada proyecto y de su eventual éxito.
  • Debemos evitar las políticas públicas de regulación de precios, como una respuesta permanente, por inoperante en la práctica. Más eficaz ha sido históricamente promover la competencia y combatir los monopolios u oligopolio.
  • La banca estatal, debe fijar la pauta para el desarrollo financiero, con políticas claras de banca de desarrollo y de apoyo a las cooperativas y a las empresas micro, pequeñas y medianas.
  • El país debe fijar agendas de desarrollo de largo plazo, para que, aunque la labor cotidiana sea la de gestionar los asuntos inmediatos, haya un proceso de análisis intelectual sobre el rumbo de la nación en períodos de 50 y hasta 100 años. Para esto es fundamental el aporte de las universidades estatales y de los centros de investigación y una institución de planificación.
  • El Estado debe garantizar el desarrollo rural, mediante una política de seguridad alimentaria, que brinde capacitación, tecnología e insumos a los productores agropecuarios, de modo que estos puedan darle valor agregado a su producción, por medio de figuras como la denominación de origen o la industrialización de los procesos. De este modo, el país tendría alguna independencia de las fluctuaciones internacionales en los precios de los alimentos. Por otra parte, se debe impulsar los medios de comercialización directa, que eliminen la figura del intermediario y, a su vez, el Estado debe ser uno de los principales consumidores de productos agropecuarios nacionales.
  • Hay que promover una explotación sostenible de recursos agotables, como la pesca o la tala de árboles.
  • Es preciso crear sistemas de irrigación y de contención de deslizamientos, dependiendo del clima de cada sector.
  • En el marco de la globalización y de la apertura de mercados, el Estado debe hacer grandes esfuerzos porque el sector privado sea competitivo y genere riqueza y trabajo. Para esto, es fundamental la reducción de trámites y la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera. El Estado debe ser más eficiente y menos burocratizado, con los controles necesarios para encausar el mercado y evitar fenómenos como la especulación, la legitimación de capitales o las prácticas monopólicas y oligopólicas.
  • De haber algún monopolio en la economía, éste debe estar en manos del Estado o en empresas mixtas reguladas en base a modelos de eficiencia.
  • Los entes públicos deben realizar ingentes esfuerzos por atraer inversión extranjera de calidad, que genere conocimiento, riqueza y trabajos dignos.
  • Con este fin, es necesario que el Estado, directamente o por medio de la figura de concesión de obra pública, construya las infraestructuras convenientes para vincular la producción nacional a los mercados internacionales.
  • El Canal, el corredor logístico nacional, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, entre otras obras, son imprescindibles para que el país construya y mantenga competitividad internacional por lo que deberá contar con apoyo estatal para facilitar y dinamizar este sector de desarrollo.
  • El Canal de Panamá, el hub de las Américas, la Zona Libre de Colón, el centro financiero de Panamá, las aseguradoras y el turismo, entre otros, son los motores que impulsan el importante sector de servicios de la economía de nuestro país. Por tanto, el Estado debe actualizarse en cada caso para garantizar las políticas públicas que ofrezcan seguridad jurídica, transparencia y eficiencia para generar autonomía, productividad y crecimiento del sector.
  • No obstante, el Estado no debe ejecutar proyectos únicamente sobre la base de su rentabilidad. Hay aspectos que pudieran no ser atractivos para el sector privado, pero que son necesarios para la calidad de vida de las personas y, por ende, la inversión estatal directa en estos casos es la única alternativa, como puede darse en los servicios públicos y proyectos sociales en salud, educación y cultura para las comunidades de menor ingreso familiar y de mayor riesgo social.

MIGRACIÓN

  • En los últimos dos años, el país ha visto reducirse la tasa de crecimiento de la economía, por lo que la reacción de la población panameña ante la ola de inmigrantes provenientes de países con situación económica menos propicia ha ido creciendo.
  • El Número de extranjeros legalizados desde 2010 asciende a más de 150 mil. Entre enero y julio del presente año 2017 el número de extranjeros legalizados ascendía a 13,854. La ola migratoria plantea la necesidad de adoptar una política planificada que permita atraer los recursos humanos necesarios para el desarrollo, sin descuidar la población panameña para que se inserte mejor en el mercado laboral. Particularmente importante es la formación técnica orientada a jóvenes de escasos recursos para su rápida inserción en el mercado laboral. En este sentido la adecuada disponibilidad de información sobre demanda de mano de obra, en cantidad y calidad, es fundamental para el diseño de una nueva política migratoria.
  • Esta regulación de la inmigración tan necesaria, debe realizarse, por otra parte, con pleno respeto por la libertad y los derechos humanos de los inmigrantes, estableciendo científicamente cuáles son las necesidades reales de Panamá respecto de la mano de obra extranjera. En trabajos que son temporales, se deben crear contratos por períodos determinados de tiempo, de modo que los inmigrantes sólo estén en el país cuando se les necesita.
  • Hay que impedir la entrada al país de personas con antecedentes penales.
  • Es imprescindible combatir el tráfico de personas y las nuevas formas de esclavitud, como la trata de blancas.

SEGURIDAD INTEGRAL

  • Es conveniente invertir en la atención de emergencias y de desastres, pero sobre todo en su prevención.
  • Sin dejar de apoyar a instituciones como la Cruz Roja, el Estado debe tener a su disposición sus propios cuerpos de atención y mitigación de emergencias.
  • El Estado debe tener el monopolio sobre la seguridad ciudadana, sobre la defensa de la soberanía nacional y de sus riquezas naturales y sobre la lucha contra patologías sociales como la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, las nuevas formas de esclavitud humana y la violencia. El Estado central puede coadyuvarse con cuerpos de policía, regionales y locales e, incluso, puede permitir la existencia de empresas de seguridad privadas, siempre y cuando éstas sean reguladas por las instituciones públicas competentes y contribuyan con los sistemas policiales regulares.
  • El Estado y la ciudadanía debemos tener conciencia de que la delincuencia, así como la mayoría de estos fenómenos, son de origen complejo ya que obedecen al narcotráfico, la cultura de impunidad, las brechas sociales y la desigualdad. Por ende, la solución a estos problemas, en el largo plazo, es la inversión en la democracia participativa, la cultura de paz, la educación integral de excelencia (humanística, ética, científica y tecnológica) y el compromiso de combatir la desigualdad de oportunidades, la discriminación en todas sus manifestaciones y la inequidad en el acceso a la educación, la cultura y la riqueza.
  • Aunque el Estado debe ser garantista, no puede proteger sólo los derechos humanos de los delincuentes y olvidar los de sus víctimas. De hecho, sin caer en la adopción de soluciones contrarias a la ética y a la razón, como la pena de muerte, el Estado debe demostrar que tiene autoridad y tiene la obligación de evitar fenómenos como la impunidad, la excesiva tolerancia y la reincidencia criminal. Las penas deben ser fuertes y aplicarse en igualdad de condiciones para todas y todos los ciudadanos y, además, es preciso establecer programas efectivos de reinserción social, mediante la formación y la capacitación de los privados de libertad, no sólo en lo que se refiere a oficios que les permitan ganarse la vida dignamente cuando cumplan sus condenas, sino también en lo concerniente a trabajos sociales y cívicos que les den la posibilidad de contribuir con la sociedad, mientras reconstruyen sus vidas y conviven en paz dentro de sus comunidades.