Políticas Sociales

  • La evolución de los indicadores muestra una perspectiva mixta sobre la situación de los grupos vulnerables, es decir la población que no cuenta con recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Las cifras oficiales de pobreza muestran una reducción importante en los últimos años. El 23% de la población se encontraba en condiciones de pobreza general en marzo de 2015 de acuerdo con la Encuesta de Propósitos Múltiples. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide las dimensiones de acceso a una vida saludable, al conocimiento y a una buena calidad de vida. En el caso de Panamá el índice ha mostrado una tasa anual de mejoría de 0.76% entre 2010 y 2015. Los niveles de acceso a los servicios básicos han mejorado en forma significativa en los últimos años, pero todavía subsisten brechas significativas. El acceso a los servicios básicos en el país no es universal, debido principalmente a las diferentes características geográficas en el país.
  • Panamá está en el lugar número catorce de todos los países del mundo con peor distribución de la riqueza. El Coeficiente Gini que se usa para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso es, en el caso de Panamá, uno de los más altos de la región.
  • En el período 2011 a 2016, el crecimiento económico con creación de empleo y las políticas sociales del Gobierno (transferencias a hogares y personas), destinadas principalmente a los más vulnerables, continuaron reduciendo los índices de pobreza en el país. Sin embargo, los retos resultantes de alto grado de postergación económica y social de la población rural dispersa, sobre todo de la población indígena residente en las comarcas, constituyen el mayor obstáculo para que Panamá pueda alcanzar los indicadores de desarrollo humano a los que se ha comprometido en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

El Ministerio de Desarrollo Social gestiona tres programas para atender distintos grupos vulnerables:

  • Programa 120 a los 65, el cual asiste económicamente a los mayores de 65 años sin jubilación o pensión en condiciones de riesgo social.
  • Red de Oportunidades, programa de transferencias monetarias condicionadas que tiene como objetivo insertar a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, en la dinámica del desarrollo nacional, garantizando los servicios de salud y educación,
  • Programa Ángel Guardián. Tiene el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad severa en condición de dependencia y pobreza extrema.

Estos tres programas han otorgado subsidios por casi 43 millones de Balboas en 2016, siendo el más costoso el Programa 120 a los 65 que llegó a pagar unos 180 millones. Otras Instituciones como el Ministerios de Educación y el IFARHU gestionan otros programas dirigidos a cubrir población vulnerable en edad estudiantil.

  • El énfasis en los programas de ayuda social y redistribución de riqueza mediante la entrega de subsidios familiares focalizados y controlados debe continuar en el mediano plazo, pero no pueden ser sustitutos del crecimiento económico, la generación de empleos y el fortalecimiento de la autosuficiencia y autonomía de toda la ciudadanía. Se espera que la nueva herramienta presentada este año por el gobierno, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que mide distintas dimensiones de la pobreza, permitirá una mejor focalización y reorientación de la política social del estado.
  • Los esfuerzos en el ámbito social, deben alejarse de una visión asistencialista, y deben estar bajo la rectoría del Ministerio correspondiente especializado, que pueda coordinar con los gobiernos regionales y locales, y con la colaboración con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
  • Hay que fortalecer a la clase media, como garantía de estabilidad social y política y combatir la desigualdad y la pobreza como camino para la paz y la seguridad social con políticas fiscales que lo permitan.
  • La vivienda digna debe ser un derecho inalienable para cada ciudadana y ciudadano. Por ende, el Estado no sólo impulsará los proyectos residenciales de interés social, sino que, junto a los bancos, creará sistemas que sean asequibles para la clase media y trabajadora, de modo que la posesión de un inmueble pueda ser una parte importante del proyecto de vida de cada persona. Deben revisarse las políticas públicas del impuesto sobre el inmueble, cuyos impuestos en el país son excesivamente altos comparativamente con la región.
  • Con base en la reivindicación de la equidad y la igualdad de género, debe promoverse la emancipación económica, social, familiar y cultural de las mujeres, porque éstas son las principales afectadas por la pobreza, especialmente cuando son jefas de hogar.
  • Salarios iguales, participación política paritaria, lucha contra la violencia doméstica, oportunidades educativas académicas y técnicas, acceso en igualdad de condiciones al trabajo y a los puestos más altos, protección de la niñez y orientación psicológica y social, son medidas urgentes para superar el rezago histórico de una sociedad todavía patriarcal, que debe evolucionar a la equidad total.
  • Hay que avanzar en la legislación laboral, para prevenir cualquier forma de explotación, exclusión y discriminación.
  • Es necesario avanzar en el reconocimiento de derechos y libertades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
  • Hay que fortalecer a las familias, en todas sus formas y manifestaciones, como núcleo fundamental y célula constitutiva del más básico tejido social y humano.
  • El Estado debe promover políticas de acción afirmativa, que favorezcan a aquellos grupos que, tradicionalmente, han sufrido de exclusión y discriminación social, como por ejemplo: las personas con discapacidad, los adultos mayores, los jóvenes, las personas con orientaciones sexuales diferentes, los grupos étnicos distintos, la población indígena, los inmigrantes, etcétera. El sector público debe garantizar el acceso de estas personas a la educación, la salud, el trabajo y a los servicios públicos.
  • Mediante leyes más rígidas, se debe castigar a quienes discriminen o excluyan a otras personas y se debe exaltar el valor intrínseco que posee la diversidad y la diferencia en las sociedades humanas.
  • El Estado debe subvencionar el cuidado de personas que, debido a una discapacidad temporal o permanente, no puedan hacerse cargo de sí mismas.

Descargar estas propuestas en formato PDF: PROPUESTAS PARA EL SIGLO XXI