Economía y Finanzas

  • Durante el último quinquenio el Producto Interno Bruto (PIB), mantuvo un robusto crecimiento promedio anual de 5.1% a valores constantes. Por su parte el PIB per cápita tuvo un crecimiento promedio anual de 3.5% en dicho período. La tasa de crecimiento del PIB ha mantenido una tendencia decreciente durante todo el quinquenio, revirtiendo la tendencia creciente de los años 2010 y 2011. El crecimiento del período se vincula fuertemente al sector construcción, seguido por las actividades inmobiliarias, la intermediación financiera y los servicios logísticos.
  • Aunque en términos generales se observa un nivel de inflación mediano bajo de 3.7% en promedio durante el quinquenio, el aumento en rubros de mayor efecto directo sobre el presupuesto familiar como comidas y bebidas, salud y educación, crean la percepción de un mayor aumento de precios.
  • El desempleo registró una tendencia creciente por la desaceleración del crecimiento llegando a registrar una tasa de 5.6% en el 2016, y se evidencia una tendencia al aumento del empleo informal que subió de 39.1% en 2014 a 40.2% en 2016. Las políticas demasiado flexibles de inmigración también han tenido un impacto todavía no calculado en el aumento reciente del desempleo nacional.
  • El combate contra la pobreza (entendida redistribución desigual e ineficiente de la riqueza nacional), debe ser la meta más importante para el sector público. La calidad de vida, las oportunidades de movilidad social y el desarrollo humano integral, son el centro de nuestra propuesta económica, democrática y social incluyente.
  • El Estado social y democrático de derecho debe proveer herramientas financieras, formativas y legales, para que quienes sobreviven en la economía informal salgan del círculo vicioso de la pobreza y puedan acceder a trabajos dignos y bien remunerados, con todas las garantías laborales y sociales.
  • Se deberá realizar una revisión de exoneraciones y subsidios innecesarios, que tenga como objetivo el bienestar del ser humano, sin descuidar las variables macroeconómicas.
  • En momentos de crisis, como el actual, las medidas anti cíclicas generan déficit y endeudamiento. Nos oponemos a los recortes sociales como estrategia económica para que el Estado financie su estabilidad macroeconómica y enfrente los problemas del mercado. Por ende, en las épocas de crecimiento, debe haber ahorro (del fondo de ahorro nacional) e inversión en cancelar la deuda adquirida en los periodos de recesión.
  • Al margen del momento cíclico de la economía, el Estado debe procurar siempre acordar con el sector privado y con los sindicatos una política de salarios crecientes, estableciendo incrementos que resulten de la productividad y la inflación en la economía nacional, especialmente para el 20 por ciento más pobre de la ciudadanía. Esto no sólo sirve para combatir la pobreza, sino también, para estimular el consumo y dinamizar las sinergias económicas.
  • En los momentos en los que hay que adoptar medidas anti cíclicas, en caso de crisis económica, el Estado debe generar puestos de trabajo, que hagan posibles grandes proyectos de infraestructura y de vivienda de impacto social.
  • La banca de desarrollo, capitalizada por el Estado, debe ofrecer créditos a los micro, pequeños y medianos emprendedores, a partir de una evaluación seria de las potencialidades de cada proyecto y de su eventual éxito.
  • Debemos evitar las políticas públicas de regulación de precios, como una respuesta permanente, por inoperante en la práctica. Más eficaz ha sido históricamente promover la competencia y combatir los monopolios u oligopolio.
  • La banca estatal, debe fijar la pauta para el desarrollo financiero, con políticas claras de banca de desarrollo y de apoyo a las cooperativas y a las empresas micro, pequeñas y medianas.
  • El país debe fijar agendas de desarrollo de largo plazo, para que, aunque la labor cotidiana sea la de gestionar los asuntos inmediatos, haya un proceso de análisis intelectual sobre el rumbo de la nación en períodos de 50 y hasta 100 años. Para esto es fundamental el aporte de las universidades estatales y de los centros de investigación y una institución de planificación.
  • El Estado debe garantizar el desarrollo rural, mediante una política de seguridad alimentaria, que brinde capacitación, tecnología e insumos a los productores agropecuarios, de modo que estos puedan darle valor agregado a su producción, por medio de figuras como la denominación de origen o la industrialización de los procesos. De este modo, el país tendría alguna independencia de las fluctuaciones internacionales en los precios de los alimentos. Por otra parte, se debe impulsar los medios de comercialización directa, que eliminen la figura del intermediario y, a su vez, el Estado debe ser uno de los principales consumidores de productos agropecuarios nacionales.
  • Hay que promover una explotación sostenible de recursos agotables, como la pesca o la tala de árboles.
  • Es preciso crear sistemas de irrigación y de contención de deslizamientos, dependiendo del clima de cada sector.
  • En el marco de la globalización y de la apertura de mercados, el Estado debe hacer grandes esfuerzos porque el sector privado sea competitivo y genere riqueza y trabajo. Para esto, es fundamental la reducción de trámites y la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera. El Estado debe ser más eficiente y menos burocratizado, con los controles necesarios para encausar el mercado y evitar fenómenos como la especulación, la legitimación de capitales o las prácticas monopólicas y oligopólicas.
  • De haber algún monopolio en la economía, éste debe estar en manos del Estado o en empresas mixtas reguladas en base a modelos de eficiencia.
  • Los entes públicos deben realizar ingentes esfuerzos por atraer inversión extranjera de calidad, que genere conocimiento, riqueza y trabajos dignos.
  • Con este fin, es necesario que el Estado, directamente o por medio de la figura de concesión de obra pública, construya las infraestructuras convenientes para vincular la producción nacional a los mercados internacionales.
  • El Canal, el corredor logístico nacional, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, entre otras obras, son imprescindibles para que el país construya y mantenga competitividad internacional por lo que deberá contar con apoyo estatal para facilitar y dinamizar este sector de desarrollo.
  • El Canal de Panamá, el hub de las Américas, la Zona Libre de Colón, el centro financiero de Panamá, las aseguradoras y el turismo, entre otros, son los motores que impulsan el importante sector de servicios de la economía de nuestro país. Por tanto, el Estado debe actualizarse en cada caso para garantizar las políticas públicas que ofrezcan seguridad jurídica, transparencia y eficiencia para generar autonomía, productividad y crecimiento del sector.
  • No obstante, el Estado no debe ejecutar proyectos únicamente sobre la base de su rentabilidad. Hay aspectos que pudieran no ser atractivos para el sector privado, pero que son necesarios para la calidad de vida de las personas y, por ende, la inversión estatal directa en estos casos es la única alternativa, como puede darse en los servicios públicos y proyectos sociales en salud, educación y cultura para las comunidades de menor ingreso familiar y de mayor riesgo social.

Descargar estas propuestas en formato PDF: PROPUESTAS PARA EL SIGLO XXI