Ambiente

  • Panamá ha registrado una mejoría de la posición del país en el índice EPI (Yale), pasando de la posición 58 a la 51 en el año 2015. En Latinoamérica, Panamá aparece en la posición 5, después de Costa Rica, Argentina, Cuba y Brasil.
  • El Índice EPI de 2016 registra mejor evaluación en calidad del aire, biodiversidad y hábitat y salud. Con una evaluación media están agua y sanidad, los recursos acuáticos, así como clima y energía. Con una baja calificación están agricultura la y la pesca. Si bien sigue habiendo deforestación, ha bajado el ritmo a niveles cercanos a 11 mil hectáreas anuales (antes era 13 mil hectáreas por año). Se registra un aumento significativo en energía renovable dentro de la matriz energética. En septiembre de 2016 Panamá se convirtió en el país 28 en ratificar el Acuerdo de París y estableció el instrumento para la adopción de planes nacionales.
  • El desarrollo sostenible, con calidad de vida, oportunidades y bienestar humano, debe dejar de ser una consigna, para volverse una realidad. La riqueza paisajística y de biodiversidad, deben ser protegidas por el Estado y sus instituciones y por la sociedad como un todo. La lucha contra fenómenos como el cambio climático, inicia con políticas claras a favor del medio ambiente y con proyectos como la recuperación de los humedales y de la cubierta boscosa y selvática.
  • En una época cuando la población se concentra mayoritariamente en las ciudades, el Estado debe monitorear la contaminación y prevenir el deterioro ambiental, mediante obras que aseguren el papel de la ciudad como un ecosistema, estrechamente vinculado con su entorno. Tratar las aguas servidas, prevenir la emisión de gases nocivos y de efecto invernadero, favorecer los productos biodegradables y fomentar un cambio en la cultura del consumo, que es insostenible, son algunos de los objetivos urgentes en este campo.
  • Se debe garantizar el carácter estatal el patrimonio acuífero y todas aquellas riquezas que se encuentren en el subsuelo y en las aguas territoriales y patrimoniales.
  • El país debe acercarse a la meta de ser neutral en la emisión de CO2. Se debe incentivar la importación de automóviles eléctricos, híbridos o que utilicen biocombustibles de segunda generación.
  • Para garantizar la competitividad económica sostenible, es decir, con protección del medio ambiente y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles que causan contaminación, es necesario invertir en la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica y otras.
  • Con los gobiernos regionales y locales, el Estado debe buscar la implantación de medios de transporte público masivo que utilicen energías limpias, jerarquizados y organizados en razón a la demanda de desplazamientos. Lo mismo debe suceder en el caso del transporte de mercancías, mediante el desarrollo de nuevas rutas (incluyendo, de ser viable financieramente, la construcción de un ferrocarril de carga y pasajeros que atraviese todo el territorio nacional de este a oeste), las cuales eviten que gran cantidad de furgones deterioren el ambiente y la red vial.
  • También, junto a los municipios de los centros urbanos, el Estado debe promover un nuevo paradigma de ciudad, más compacta y con usos mixtos, que cuente con espacios públicos adecuados para la interacción humana, de modo que se cierren las brechas que dividen socioeconómicamente y espacialmente a quienes más tienen de quienes menos tienen, con el fin de que la metrópoli promueva la integración de la diversidad, la cohesión democrática y la inclusión social, en un estrecho balance con la naturaleza y con los recursos disponibles, como el suelo edificable. Bulevares peatonales, ciclo vías, parques, áreas verdes y protección del patrimonio cultural, arquitectónico y ecológico, deben complementarse con productividad, funcionalidad y habitabilidad solidaria, de modo que toda la población pueda tener una calidad de vida digna y un acceso universal a los servicios públicos básicos.

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